Discapacidad del Código de Edificación

El presidente de Fundación Rumbos, Eduardo Joly, inició una ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO CONTRA LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para que se declare la inconstitucionalidad del Código De Edificación (ley N° 6100) por no respetar el proceso de participación ciudadana e impugnar puntualmente los artículos del código que lesionan el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad.

La Fundación Rumbos tiene como objeto gestar accesibilidad, tornar más inclusivos los lugares que excluyen, diseñar soluciones que tomen en cuenta a las personas con discapacidad como usuarios. Potenciar capacidades, multiplicando oportunidades.

Dicha demanda se sustenta en la violación de derechos fundamentales como: a) derecho de participación ciudadana y el debido proceso, que incluye el derecho a ser oído y recibir una respuesta del Estado fundada en Derecho; b) derecho a la igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación que se configura por la denegación de accesibilidad. Discriminación que impide a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en igualdad de condiciones con las demás personas de los derechos a la vivienda, a la educación, a la salud, a la autonomía, al trabajo, al esparcimiento y a la vida digna; c) garantía de que los derechos fundamentales sean reglamentados por una ley formal, es decir emanada de la Legislatura, y d) principio de no regresividad, garantía del carácter irreversible de los Derechos Humanos, que se ve transgredido con la aprobación y entrada en vigor de normas que derogan derechos reconocidos en la Ley local 962 sobre accesibilidad. La presentación de esta acción pone en manos de los órganos jurisdiccionales la decisión de todos los planteos por los que viene reclamando la Fundación desde hace 2 años ante la Legislatura porteña, respecto a cuestiones esenciales para el colectivo de personas con discapacidad como los sanitarios, las veredas, los ascensores y las viviendas.  De este modo, la inconstitucionalidad de este código se refleja en que admite violaciones a la accesibilidad que impactan fuertemente en otros derechos como el trabajo, la educación, la vida autónoma y la libre circulación.  

Lo ejemplifican artículos donde:  

1) Se permite que ciertos locales de concurrencia de público no cuenten con sanitarios accesibles (sin los cuales es imposible la permanencia prolongada), mediante una arbitraria determinación del número mínimo de usuarios. Todo edificio o local que no cuente con baño accesible resulta expulsivo para los usuarios con discapacidad, ya sean alumnos, trabajadores, ciudadanos que practican deportes o participan en una actividad recreativa o cultural, en tanto ven impedida su permanencia en las actividades que allí se desarrollen.   

2) No se incluye cambiador para adultos en los sanitarios para personas con discapacidad en todo predio donde se permanezca o trabaje, elemento imprescindible para preadolescentes, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad que requieren de asistencia en aquellas acciones íntimas de higiene. La permanencia en este tipo de instituciones debe darse en condiciones dignas. Un código nuevo, debería ser progresivo y ampliarse al abanico de la diversidad humana.  Además, se omite la prohibición de la apertura de las puertas hacia adentro, requisito de seguridad (art. 46 CCABA) para poder traccionar la puerta para abrirla hacia el exterior, o desplazarla si fuera corrediza, cuando sea necesario ingresar a prestar auxilio en caso de emergencia. Sirva para ilustrar, el caso en que un usuario sufre una caída y su cuerpo o la silla de ruedas obstaculizan el ingreso al servicio.  

3) Se da continuidad a la errónea tipología de baño accesible con inodoro, pero sin lavabo. De este modo, los usuarios de silla de ruedas no alcanzan las condiciones adecuadas de higiene preparatorias a la utilización del inodoro si, luego de lavarse las manos, tienen que volver a accionar la silla de ruedas, tomando contacto con el polvo del piso, y con el picaporte de la puerta del retrete. Para personas con sondaje intermitente o con colostomía esta proximidad e intimidad que brinda el recinto con inodoro y lavabo resulta imprescindible.   

4) Se reducen las dimensiones mínimas de las viviendas – monoambientes de 18 m2 + baño de 2° (sin bidet y bañera)-, tornándolas inaccesibles, para satisfacer intereses de desarrolladores a expensas de necesidades habitacionales reales.  Las “viviendas mínimas” lesionan el derecho a la vivienda digna y a la vida independiente. Violan el principio de no regresividad, dado que no eran admisibles previamente dimensiones tan exiguas. Además, resultan discriminatorias al denegar accesibilidad y cercenar posibilidades de participación en la vida social, por ejemplo, recibir la visita de alguien con discapacidad. Cuando se autorizan viviendas de estas dimensiones, retrocediendo al estado anterior a la Ley 962 se desanda un camino evolutivo en materia de derechos humanos, cuyo carácter es irreversible.   

5) Se deriva a reglamentación técnica especificaciones de accesibilidad sobre las circulaciones peatonales (veredas y vados) y ascensores, que debieran estar en el cuerpo de la ley. En el caso de las veredas y los vados, se provoca un vacío normativo que no garantiza a las personas con discapacidad su libre circulación de manera autónoma y segura por la vía pública.    

6) Se permiten, en establecimientos educativos, aulas de ocupación permanente por encima del 4° nivel si se cuenta con medios de elevación mecánica. Esta medida pone en riesgo la evacuación de personas con discapacidad, ya que ante una emergencia (incendio, riesgo de derrumbe, sismo, etc.), se discontinua el funcionamiento de ascensores, por la ineludible interrupción de suministro de energía eléctrica.

En apoyo al amparo presentado la Fundación realizó también una solicitada: LA LEGISLATURA PORTEÑA DISCAPACITA. RODRIGUEZ LARRETA DISCAPACITA, publicada en el diario Pagina 12 en la que solicitan que la justicia adopte una perspectiva desde la discapacidad en las resoluciones que afectan a las personas con discapacidad:

  1. Frene la aplicación de la ley 6.100 (nuevo Código de Edificación).
  2. Ordene que la Legislatura respete el piso de accesibilidad garantizado por la ley 962 (CABA) y la Convención sobre los Derechos de las  Personas con Discapacidad (ley nacional 26.378).
  3. Ordene que la Legislatura dé participación a las organizaciones representativas de personas con discapacidad.
  4. Ordene que la Legislatura respete el debido proceso en las audiencias públicas, fundamentando sus decisiones ante los planteos que, en su marco, hubieran realizado los ciudadanos.

Texto completo Solicitada aquí

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