Carta del CPAU al Jefe de Gobierno Porteño por la enajenación de bienes del estado

Fuente: CPAU – Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo

Son más de 100 los inmuebles que el Gobierno porteño dispuso para la venta mediante distintos proyectos de ley

El CPAU envió al jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una carta que manifiesta la disconformidad ante la reciente sanción de la ley CABA en relación al régimen para la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad. Preocupa la cantidad e importancia de proyectos presentados en la Legislatura porteña tendientes a enajenar alrededor de 100 bienes inmuebles públicos, según se constata en los proyectos de ley 2833-J-2019, 2795-J-2019 y 2794-J-2019 (por nombrar solo los más importantes). Entre ellos se encuentran el predio del Cuerpo de Policía Montada, el Triángulo calle Salguero, la Estación Villa Crespo, Punta Carrasco y Costa Salguero. 

Desde hace tiempo, en el CPAU se aboca al análisis de esta temática entendiendo que, constituyendo los bienes inmuebles de dominio estatal un bien finito no renovable, su enajenación debería enmarcarse dentro de los lineamientos del Plan Urbano Ambiental (PUA), Ley 2930 y otras normas e indicadores urbanísticos complementarios, previamente establecidos. 

Enajenar de manera simultánea tantos bienes sin contar previamente con este marco legal que define y habilita el sentido de oportunidad y correspondencia de cada una de las tierras públicas y enajenaciones es, cuanto menos, peligroso. Sobre todo, teniendo en cuenta que los resultados de estas operaciones no están necesariamente vinculados a los requerimientos urbanos de la Ciudad. 

El Cpau indica tambien que deberían haberse considerado mecanismos que fortalezcan la administración de la tierra pública como un recurso estratégico y, simultáneamente, haberse fijado el destino de cada una teniendo en cuenta, como señalamos, los lineamientos legales y normativos antes de posibilitarse su enajenación. Proceso que, por otro lado, debería incluir mecanismos que garanticen la derivación de esos recursos y que su aplicación redunde en la mejora de la calidad de vida de la ciudad y sus habitantes garantizando el bien común y valorizando adecuadamente el patrimonio del Estado. Estos instrumentos requieren la inclusión de un sistema claro y transparente, con controles cruzados, que eviten la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. La ley parece insuficiente, frente a que no hay una planificación afín que asigne los recursos, atendiendo las necesidades actuales y futuras de la Ciudad. 

Dada la escasez de suelo público, las áreas de Planeamiento de la Ciudad deberían definir políticas urbanas a mediano y largo plazo, en las que posiblemente tendrán que incluir una reserva de suelo público para poder hacer frente a demandas urbanas futuras que aseguren que cada uno de los bienes que el Poder Ejecutivo decida enajenar tenga un destino y coadyuve al desarrollo urbano de nuestra ciudad con visión prospectiva y perspectiva metropolitana. La decisión reciente y sorpresiva de disolver el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para supeditar los temas de planeamiento urbano a otras áreas ministeriales o de secretarías transmite más incertidumbre sobre el resultado de la enajenación de bienes del Estado. 

En definitiva, estas acciones no pueden tener solamente fines de financiamiento de corto plazo sino que deben enmarcarse en políticas de planificación de desarrollo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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