Taller sobre el Acuerdo Regional: Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales

Seminario-Taller sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe

🌏 Conozcamos los nuevos derechos y herramientas que reconoce el Acuerdo de Escazú para la protección del ambiente

▶️ 1er Encuentro el Lunes 5 de Octubre a las 18 hs.

✅ A cargo de Jonatan Baldiviezo.
Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y fundador de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM)

👉 INSCRIPCIÓN:
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En vivo por YOUTUBE: http://www.youtube.com/c/ObservatoriodelDerechoalaCiudad

Argentina ratificó el Acuerdo Regional de Escazú, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Con la votación, Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar el texto adoptado en 2018 en el distrito costarricense de Escazú por 22 países de la región. El texto -formalmente denominado por Naciones Unidas como Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe- sólo entrará en vigencia cuando obtenga la ratificación de 11 de los estados firmantes.
Chile, uno de los países impulsores, sorprendió a la región al rechazar el Acuerdo. Tanto el ministerio de Relaciones de Exteriores como el de Medio Ambiente chilenos argumentaron el rechazo al tratado por incluir “ambigüedades” en algunas normas que “prevalecerían sobre la legislación interna”, causando confusiones jurídicas y exponiéndoles a posibles demandas internacionales.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El tratado garantiza el acceso “a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
La ratificación obliga al Estado parte a garantizar la “participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales”. Para ello, el Estado “se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”.
Además, cada Estado debe “publicar y difundir a intervalos regulares, que no superen los cinco años, un informe nacional sobre el estado del medio ambiente”. Esos informes deben tener “información sobre el estado del medio ambiente y de los recursos naturales, incluidos datos cuantitativos”, detalle de “acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental” y de “avances en la implementación de los derechos de acceso”, así como de “convenios de colaboración entre los sectores público, social y privado”.
Los informes “deberán redactarse de manera que sean de fácil comprensión y estar accesibles al público en diferentes formatos y ser difundidos a través de medios apropiados considerando las realidades culturales”. La sociedad civil, además, puede ser invitada a “realizar aportes a estos informes”.

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